“Si malo es el gringo que nos compra, peor es el criollo que nos vende”
Arturo Jauretche
A las 0:30 de hoy la Legislatura de la provincia de Neuquén otorgó carácter de ley al acuerdo firmado entre el gobernador Jorge Sapag y el titular de YPF, Miguel Galuccio, por el cual la empresa norteamericana Chevron puede explorar, mediante la controvertida técnica de fracking, el mega yacimiento de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta. Los 25 votos a favor del proyecto correspondieron a legisladores del Frente para la Victoria, del Movimiento Popular Neuquino, y aliados menores.
La aprobación se produjo luego de una dura represión de la policía provincial, que se prolongó por siete horas y dejó como saldo 28 heridos, dos por balas de plomo. Las manifestaciones en contra del acuerdo habían transcurrido en forma pacífica desde la madrugada del 28 de agosto, con un festival y una vigilia convocada por la “Multisectorial contra la fractura hidráulica”. La represión se produjo en torno a las 10:30 de la mañana al arribar a la Legislatura una movilización de 5 mil personas convocada por diversas organizaciones sociales, sindicales, políticas, estudiantiles y de pueblos originarios. Uno de los heridos con bala de plomo se encontraba a 150 metros de los incidentes, en un lugar donde se ubicaban también numerosas familias que habían concurrido a la protesta.
La aprobación del proyecto con legisladores atrincherados, habla por sí sola del carácter del acuerdo YPF-Chevron-Provincia de Neuquén. Y el principal problema es que, de cumplirse los deseos del Galuccio de atraer a “muchos chevrones”, esta habrá sido la primera de numerosas asociaciones lesivas para la soberanía nacional. Recordemos que las condiciones generadas a partir de julio por el decreto 929 del Ejecutivo Nacional –en el que se inscribe el contrato con la transnacional estadounidense-, son regresivas, con respecto a la Ley de Soberanía Hidrocarburíferas de 2012 y su reglamentación, y también en relación a principios básicos de regulación estatal que el propio kirchnerismo había adoptado con anterioridad, como el pago de derechos de exportación.
Para darse una idea, pesa sobre Chevron una sentencia judicial expedida por la justicia ecuatoriana. Esta condenó a Chevron (que operó entre 1964 y 1990 en Ecuador, cuando era Texaco) a pagar 19.000 millones de dólares, por graves delitos ambientales, cometidos en la Amazonía ecuatoriana, en territorios ancestrales de pueblos originarios. Chevron es una de las muchas transnacionales que saquean y destruyen los bienes de Nuestramérica.
De esta manera, en lugar de diseñar e implementar políticas que propicien una transición hacia un modelo diversificado y soberano, se está optando por perpetuar una matriz energética dependiente e insostenible desde todo punto de vista (social, ambiental y estratégico). Asimismo,descartando la posibilidad de profundizar la integración regional y la generación de vínculos cooperativos con Bolivia, Ecuador y Venezuela, tres países exportadores de energía, y con economías complementarias a la nuestra, se ha priorizado la asociación con una transnacional con un abultado historial de violaciones a los derechos humanos.
El acceso a la energía debe concebirse como un derecho básico en una sociedad democrática, por lo que su generación y aprovechamiento deben encontrarse en sintonía con las necesidades populares y la construcción de un nuevo modelo de desarrollo. La política hidrocarburíferas e YPF como su principal herramienta de ejecución, son vectores fundamentales para avanzar sobre las cuestiones de fondo y lograr esta transición.
¡Por una YPF 100% estatal y pública!
¡Basta de saqueo, entrega y contaminación!
¡Por SOBERANÍA ENERGÉTICA y control de nuestros BIENES COMUNES!
¡Por un proyecto económico y ambientalmente justo y sustentable!
